Fin de la lucha por alargar como un chicle el plazo de pago a los proveedores. Porque el Estado, las autonomías y los ayuntamientos pagan siempre, pero muy tarde.
A partir de ahora deberán ajustarse al máximo de 30 días que marca la ley. Al menos así lo quiere aprobar el Congreso de los Diputados, que apoya unánimemente una proposición de ley de CiU para cambiar la legislación sobre morosidad de las operaciones comerciales.
Esto es algo que ya había demandado la Comisión Europea, pero todos los portavoces del Pleno del Congreso de los Diputados no lo apoyaron hasta ayer.
La proposición fija un plazo máximo en los cobros de 60 días para las empresas y de 30 días para las administraciones públicas. Es una “vacuna esencial” para acabar con “el enemigo número uno de las pymes”, aseguró el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre.
Según Intrum Justitia, el sector público tarda una media de 139 días en satisfacer sus pagos. Hoy en día las administraciones acuerdan un plazo medio de pago muy por encima de la ley (88 días), pero eso no les basta. Para más inri, lo superan en 51 días, de media. Pero el texto de CiU elimina la posibilidad de que las partes pacten ampliar los plazos de cobros sin pagar intereses en compensación.

Andalucía y C. Valenciana
Aunque la ley actual ya habla de plazos de 60 días, éstos se superan sistemáticamente, llegando a los 230 días en el sector de la construcción y hasta a los 660 días en el caso de los proveedores sanitarios. Ello “ocurre en la Comunidad Valenciana”, aseguró a EXPANSIÓN Pere J. Brachfield, experto en morosidad. “Hay ayuntamientos andaluces que están pagando a dos años; más de 700 días”, apostilló.
Las compañías tardan 124 días en pagar, de los cuales 26 son de retraso. En el resto de Europa tardan 57 días.
La futura ley también plantea endurecer las sanciones para los deudores que no cumplan los plazos.